Asesinan a activista en Tamaulipas, ya había solicitado protección

La activista mexicana y representante de familiares de personas desparecidas, Miriam Rodríguez Martínez, fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, la noche del 10 de mayo por un comando armado en su domicilio.

La mujer conocida por defender los derechos humanos desde 2012 tras el secuestro de su hija, inició una investigación en dónde logró capturar a los responsables del crimen y encontrar los restos de su hija en una fosa clandestina.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, condenó en Twitter en contra de Miriam y dijo que no permitirá que su muerte sea “una estadística más”.

Sin embargo 29 reos escaparon de una fuga de un penal de Ciudad Victoria, en dónde presuntamente huyeron personas relacionadas con el asesinato de su hija y solicitó protección, pero el gobierno de Cabeza de Vaca no atendió con urgencia la solicitud.

El integrante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, dijo que el 18 de abril, en una reunión de colectivos con Gloria Elena Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, pidió que se le protegiera.

“Nos da mucho coraje este asesinato porque la compañera ya había pedido al gobierno del estado medidas de protección y no la tomaron en cuenta”, declaró Ramos.

“Con este asesinato, nosotros, los defensores de derechos humanos, los colectivos, los familiares vemos que es una advertencia, vemos que esta es una amenaza directa para que ya no sigamos exigiendo justicia y la búsqueda de personas”, puntualizó.

Declaró que urge esclarecer el asesinato y detener a los responsables, porque si no “se corre el riesgo de repetir todo ese ciclo de impunidad”.

El procurador de Tamaulipas, Enrique Yoel Rubio Flores, dijo que no hay registro que los imputados por el secuestro de su hija, hayan escapado del penal de Ciudad Victoria.

La CNDH expresó su “indignación” por el asesinato y destacó “el incumplimiento” de las autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar seguridad pública y prevenir violaciones a los derechos humanos de los defensores.

“Se trata de la muerte de una defensora que decidió y tuvo el valor de romper el silencio ante la desaparición y muerte de su hija, que dedicó sus esfuerzos a localizar sus restos y que tuvo la valentía de identificar a los responsables”, dijo la CNDH.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a la Subsecretaría de Derechos Humanos a contactar a los familiares de la víctima para prestar cualquier apoyo. Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atrajo el caso de la activista.

(Con información de: El Economista / Foto: Especial).

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