PGR cita a declarar a empresario vinculado con lavado de dinero en el caso Anaya

La Procuraduría General de la República (PGR) citó a comparecer al empresario Manuel Barreiro por el caso de lavado de dinero que ordenó triangular por más de 54 millones de pesos en dónde adquirió una nave industrial propiedad del candidato presidencial Ricardo Anaya.

Funcionarios informaron que se giró un citatorio para el empresario el día miércoles, quien podría encontrarse en Canadá. Por ello solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) activar la alerta migratoria contra el empresario, para mantener vigilados sus movimientos.

En octubre del año pasado se inició con la investigación en contra del empresario queretano debido a una denuncia de operaciones con recursos de procedencia ilícita para para triangular los recursos con los que se adquirió la nave industrial de Anaya, a través de la empresa Juniserra, S. de R.L. de C.V.

Indicó que Alberto “N” y Daniel “N“, quienes a través de su abogado, Joaquín Xamán McGregor, denunciaron que fueron contratados por Barreiro Castañeda para diseñar un esquema financiero a través de empresas fachada, solicitaron protección a la procuraduría.

El empresario acusó que desde el 14 de febrero pasado presentó dos escritos para solicitar información sobre la carpeta de investigación, sin obtener respuesta.

El juez concedió la suspensión provisional al considerar que, de lo contrario, podría causarse un perjuicio mayor tanto a Barreiro como a otras personas que también figuran como quejosos y cuyos nombres no han sido publicados por el Consejo de la Judicatura Federal.

“De no otorgarse, con la ejecución del acto se causaría a los quejosos daños y perjuicios de difícil reparación en esas condiciones, se concede la suspensión provisional para que en caso de que efectivamente tenga la calidad de imputado en la carpeta de investigación PGR/UEIORPIFAM/979/2017 o cualquier otra, la autoridad ministerial responsable no las determinen por cuanto hace a los quejosos, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público“, indicó el juez.

En la carpeta de investigación abierta por la PGR, las declaraciones de Alberto “N”, uno de los dueños de la sociedad Tesorem, empresa que habría lavado dinero en empresas extranjeras y paraísos fiscales para adquirir la nave industrial de Anaya y su familia, describió que a través de mejoras se infló el precio del inmueble para generarle un mayor beneficio económico a la empresa Juniserra y que el comprador pagara el menor monto de impuestos posibles.

Con ello, la nave industrial alcanzó el precio de 54 millones de pesos, cuando la familia de Anaya la compró en 10 millones.

“A través de un avalúo de mejoras, reconocerle ciertas mejoras al terreno, que en realidad no tiene, a efecto de generar el mayor beneficio posible a Juniserra y, por otro lado, lograr para la persona que vende, el menor pago posible de impuestos en la operación de venta“, declaró Alberto “N”.

(Con información de: El Diario de Yucatán / Foto: Especial).

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